Juan Marcos Colmenares*, 18/11/2015
A pesar del ventajismo electoral, de haber
fabricado conflictos fronterizos para justificar estados de excepción y de la
negativa a la observación internacional, el oficialismo perdió en las
elecciones parlamentarias.
El 6 de diciembre del 2015 sucedió un “tsunami
electoral”. Todos los venezolanos se volcaron a la calle para ejercer su
derecho al voto. Una participación de casi 90% de la población electoral
demostró un deseo de cambiar el régimen, en paz y en democracia lo antes
posible. Ese triunfo de la oposición al representar un 60% sobre el 40% del
oficialismo, fue una derrota electoral que se transformó en una derrota
política al conformarse en el país un nuevo mapa político de soporte popular.
Debido a esa avalancha de votos¸ a una
comunidad internacional atenta a los resultados de las elecciones y a una
oposición en la calle actuando firmemente como mayoría, el CNE se vio obligado
a reconocer el triunfo de la alternativa democrática. Sin embargo, esa
diferencia de votos solo representó 89 diputados, frente a 78 del oficialismo,
debido a la conformación de los circuitos electorales y abusos del gobierno.
El voto castigo contra Maduro y su régimen fue
producto del descontento generalizado por la crisis económica, donde el Banco Central
dejó de publicar estadísticas para esconder una caída de 15% en el PIB y una
inflación superior al 200%. Pero también fue la respuesta a 17 años de
expropiaciones, robos y amenazas a empresarios; por las colas en farmacias y
supermercados; por los estudiantes presos, torturados y asesinados; por la
injusta prisión de Vivas, Forero y Simonovis; por los juicios contra Antonio
Ledezma y Manuel Rosales; por la arbitraria sentencia de Leopoldo López; y
finalmente como corolario, por el nexo entre el narcotráfico y el régimen de
Maduro.
El colapso económico, la gravedad de la
situación político-social y las imputaciones de EEUU sobre narcotráfico y
lavado de dinero contra el gobierno bolivariano, fueron los detonantes que obligaron
a una salida institucional de la crisis, que resultó en la renuncia de Maduro y
su tren ministerial. Esa crisis política de tan extrema gravedad necesitó la
intervención de la Fuerza Armada para cumplir con su obligación de restituir el
orden interrumpido, nombrar una junta cívico-militar y un gobierno de
transición.
La alternativa democrática al ser mayoría
parlamentaria asumió unitariamente su papel, convirtiendo esa unidad electoral
en una unidad programática, estableciendo como propósito la superación de la
crisis y la recuperación de la democracia. El 5 de enero del 2016, se instaló
la nueva Asamblea Nacional, escogió su Junta Directiva, decretó un periodo de
transición y elecciones presidenciales en diciembre de ese mismo año, designando
a Antonio Ledezma como presidente de la transición. La Fuerza Armada Nacional
en cumplimiento de sus funciones y al servicio exclusivo de la nación, respaldó
al gobierno de transición y a las decisiones Asamblea Nacional.
El presidente Antonio Ledezma acordó formar
gobierno, nombró su gabinete y a sus colaboradores. La Asamblea Nacional
decretó un gobierno de transición hasta el 2 de febrero del 2017, fecha en la
cual el presidente Ledezma le hará entrega al triunfador de los comicios que
deberán efectuarse el 5 de diciembre del 2016.
Hoy el gobierno del Antonio Ledezma es un
hecho cumplido. Un nuevo equipo se encuentra instalado en Miraflores trabajando
en la reconstrucción del país; y una renovada Asamblea Nacional legisla y
corrige las perversas distorsiones legales de los últimos años. Estamos en
plena campaña electoral con los candidatos presidenciales recorriendo el país:
Leopoldo López, Manuel Rosales y Henrique Capriles.
Nota del autor: El presente artículo es hipotético
y solo representa nuestro punto de vista, reflexiones y especulaciones.
*Abogado
jmcolmenares@gmail.com
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