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lunes, 12 de octubre de 2015

Roberto Briceño-León: “La fuerza y las armas han sustituidos a las leyes y a las normas”


Por Hugo Prieto


¿Al final que tienes? Un mundo y una sociedad totalmente impredecible, entregada a la extorsión y a los nuevos negocios de la delincuencia. La sensación es la impredictibilidad total, afirma el director del Observatorio Venezolano de Violencia


Sólo el prólogo es un aviso, una clara advertencia, como la señal de zozobra y miedo que nos asalta apenas cae la noche. El delito organizado en Venezuela es un universo complejo, en plena transformación y ha dado un salto cualitativo. De pandillas, hemos pasado a mafias y más recientemente a bandas sofisticadas. El delito organizado irrumpe en la sociedad venezolana, quiebra normas y reglas.

También lo hace el Estado cuando renuncia a cumplir su papel, cuando cede espacios y delega responsabilidades en actores tan despreciables como los “pranes”, que dirigen las cárceles. El lector va leyendo las páginas del libro Delito Organizado, Mercados Ilegales y Democracia en Venezuela (se bautiza este domingo en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo) y se sorprende, se mira a sí mismo frente al espejo, desprovisto de toda protección, al garete y a merced de la violencia que puede asaltarlo, o incluso, quitarle la vida, en cualquier calle de Caracas.

El autor, junto con los investigadores Alberto Camardiel, Verónica Zubillaga y Andrés Antillano no es otro que el sociólogo Roberto Briceño-León, quien es director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y del Observatorio Venezolano de Violencia.

El lector, conforme pasa las páginas, siente que se está metiendo en la boca del lobo. Todo es oscuridad ¿Era ese el propósito de Briceño León cuando escribió el prólogo? ¿Transmitir esa imagen tenebrosa? “Eso es lo que sienten la mayoría de los venezolanos, eso es lo que siente la gente de los barrios de Caracas y del interior del país. Que no pueden salir a la calle, que están continuamente en la boca del lobo. Se sienten desamparados, desprotegidos, porque piensan que no tienen protección de la policía ni pueden acudir a la justicia si son víctimas de algún crimen. No tienen nada que hacer. Ese es el desamparo que tenemos ante el delito y ante la arbitrariedad del poder”.


La anomia, la sociedad del desconcierto

—De una realidad controlada por el Estado todopoderoso, pasamos, por una especie de puerta giratoria, al desierto, a la nada. No hay Estado. ¿Qué impacto psicológico puede dejar esa impresión? En términos institucionales, ¿Qué significa eso?

—Nosotros tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos un gobierno que quiere controlar absolutamente todos los detalles, por ejemplo, lo que se produce, dónde se produce, la guía que indica el destino final de tal producto y al lado de eso la incapacidad absoluta de aplicar ninguna de esas medidas, ninguna de esas regulaciones. La anomia. La verdad es que nadie sabe qué se produce. No hay datos. No se sabe cuántos trabajadores tiene el gobierno y no se sabe cuántos presos hay en las cárceles. Pasaron cuatro años y el gobierno no había hecho un conteo de cuántos presos había en Uribana.

¿Qué impacto psicológico tiene eso? Una sensación de desconcierto absoluto en el individuo. Cuando tú tienes todo controlado y regulado, haces la vida social predecible, pero resulta que al lado de eso cambias las normas, cambias las leyes, y cuando no te gusta cambias a la figura, conviertes el ejercicio del poder en algo absolutamente personalista. ¿Al final que tienes? Un mundo y una sociedad totalmente impredecible. Lo que los venezolanos tenemos como sensación, hoy día, es la impredictibilidad total.

—Vivimos en esa realidad, a veces el Estado está ausente, digo, como aparato de seguridad, como ente regulador, como prestador de servicios. 

¿Cómo se estructura el crimen organizado, la delincuencia, en medio de ese desconcierto, en medio de ese desvarío?

—Básicamente con dos grandes metas. Una, aprovechar los negocios y los mercados que se crean alrededor de ese desconcierto. La delincuencia busca captar las rentas que se generan de ese desorden. De los precios controlados, de las regulaciones que impide que un producto se pueda transportar de un lado a otro. Y en segundo lugar es que ante la desprotección del Estado, la delincuencia empieza a ofrecer protección al ciudadano.

Ahí tenemos lo que es la nueva modalidad y la nueva presencia de lo que es el delito en Venezuela. Que ya no te roba, pero te cobra para no robarte. Entra la extorsión como una dinámica muy particular, sustituyendo al Estado.


La visión empresarial de la nueva delincuencia

—Del estudio publicado se infiere que en Venezuela tenemos una delincuencia que se asume como gran empresa, que piensa en el largo plazo, que se vuelve sofisticada cada vez más, que se enfrenta a las fuerzas del Estado con armamento que debería estar en los cuárteles y bajo custodia del estamento militar, pero hay políticos que creen que con sólo enfrentar a las mega bandas se resuelve el problema. ¿No es una solución mágica?

—Tú puedes acabar con las bandas, pero si no acabas con el negocio que permite que esas bandas prosperen, simplemente llegará el reemplazo y cubrirá ese vacío, porque hay el negocio, hay la renta y hay la capacidad de actuar. Puede llegarse y matar, en el sentido más brutal del asunto, pero el negocio está allí. ¿Es que alguien puede pensar que se puede acabar con las bandas vinculadas al contrabando de gasolina, si no hay una modificación en el precio del combustible y en la forma en que se mercadea? Eso se sabe para la gasolina, pero también se sabe para las drogas.

Hace 10 años, uno podía decir que parte de la violencia era producto del crimen desorganizado, de lo que era la dispersión, las pequeñas bandas, los enfrentamientos, debido, entre otras cosas, a la intervención y el desarme de los cuerpos policiales en distintas partes del país, pero hoy en día estamos ante grupos que están constituyéndose con una visión empresarial, que están generando vínculos con figuras del mundo legal y formal, que les permiten lavar el dinero y mantener una estabilidad en el tiempo.

—¿Sería la síntesis del salto cualitativo que ha tenido la delincuencia organizada en Venezuela?

—Así es. Y eso lo que significa es que hemos tenido un cambio social importante en el país ligado a lo que es el delito. Parte de ese cambio es la pérdida de control de la sociedad por parte del Estado, así como la pérdida de una sociedad regida por normas y por leyes. Y su sustitución por el uso de la fuerza, de las armas, como los reguladores de la vida social.

–Miguel Ángel Campos, sociólogo al igual que usted, insiste en algo: ¿Por qué nos vamos a sorprender de lo que ocurre, si en Venezuela desmantelaron el Estado de Derecho? Y parece que eso no sorprende a nadie, ¿Cómo es que eso ocurrió y aquí no pasó nada?

—Yo creo que eso habla muy bien de los venezolanos y, al final, habla muy bien de nuestro estado mental y de nuestro sentido de convivencia. En Venezuela, por ejemplo, la mayoría de nosotros respetamos las leyes de tránsito así no exista una razón, que no sea la buena voluntad, para respetar esas leyes. ¿Es que hay alguna razón para no comerse un semáforo? ¿Es que hay alguna razón para respetar alguna de las leyes? Y no es que las leyes no estén allí.

Hace tres años, por ejemplo, el gobierno aprobó un decreto para regularizar a los motorizados. No ha logrado ponerlo en funcionamiento, en práctica, lo tienen en Vacatio legis, como diría un abogado. Entonces, no existen razones externas, las razones que existen son las internas, la sociedad y, de alguna manera, del miedo a la locura que significa vivir en una sociedad sin normas. Hay una cierta cautela, un miedo a la psicosis, que hace que las personas nos contengamos y nos atengamos a las normas, a pesar de que el gobierno hace todo lo posible para que eso no funcione. ¿Cuál es la tesis que yo he sostenido durante años? La violencia y la inseguridad en Venezuela no tienen su origen en la pobreza o en la desigualdad.

—Si hubiera un vínculo estrecho, indisoluble entre violencia y pobreza, ¿dónde quedarían países como Haití o como Bolivia?

—Que son de los países que tienen menos violencia y menos homicidios en América Latina. O en Venezuela. ¿Es que acaso Trujillo o Sucre, que son los estados más pobres, son los más violentos? No. ¿O es que en Brasil los estados más violentos son los del nordeste, empobrecidos, y no los del sur rico, Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais? No hay manera en que eso se pueda justificar, ni tampoco la desigualdad.

El gobierno se ha llenado la boca y ha puesto grandes afiches en el aeropuerto diciendo que ha disminuido la desigualdad en Venezuela, pero al mismo tiempo ha aumentado la violencia. La explicación para nosotros es de orden institucional. Eso quiere decir, normas y reglas. En Venezuela hubo una destrucción del Estado de Derecho, no por la acción de grupos externos, sino por la propia decisión del gobierno de acabarlo.

—¿Y por qué haría algo así?

—Porque esto era una revolución y como era una revolución tenía que destruir el ancien régime y lo fue logrando, destruyó todo aquello, pero no instauró nada. Lo que pasó en el país, sencillamente, es que las normas y las leyes dejaron de tener relevancia.


La anomia permite maximizar la explotación del hombre

—¿A usted lo sorprendió el hecho de que las OLP se hayan focalizado en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela?

—No, aunque están en otras zonas. Pero las OLP tienen un propósito electoral, y en tanto ése sea el propósito, tienen que lograr un impacto en la población cercana al gobierno; están buscando recuperar votos perdidos, en una población que fue favorecida y, supuestamente, por esa razón debería votar por el oficialismo. Muchas de las cosas que está haciendo el gobierno es recuperar o conservar espacios porque muchos otros los ha venido perdiendo. Es una manera en la que podrían tener cierto impacto y cierta presencia.

En los edificios de la Misión Vivienda no existía el Estado de Derecho. Las reglas y las normas las imponían las armas y la fuerza de los grupos criminales y de las bandas. Pero eso también les ha generado una serie de conflictos al propio gobierno y a las autoridades, entre otras cosas, porque la gente se siente contrariada de que les lleguen a medianoche, con hachas, a tumbarle la puerta y después la gente se molesta y los mandan a poner presos por resistencia a la autoridad.

—Recientemente murieron 16 personas producto de un incendio en la cárcel de Tocuyito. Es como la ruleta rusa. Mañana es en Yare y pasado mañana en El Rodeo. Tampoco ocurrió nada, pero el sustrato emocional es la venganza. ¿Qué está pasando en las cárceles venezolanas? ¿Qué idea de la realidad uno puede advertir más allá de estos estallidos de violencia y de locura?

—Lo dramático de todo el fenómeno de las cárceles en Venezuela es que la ley que los llevó a ellos a ese recinto no se aplica dentro del recinto. Esa es la paradoja más grande de las cárceles. No puedes juzgar a una persona, aplicarle una pena, recluirlo en una prisión y resulta que allí adentro esa ley no funciona. Allí no se respeta la vida, no se respeta la propiedad, no se respeta la privacidad, no se respeta nada. Las cárceles pasaron a ser el lugar privilegiado de la delincuencia.

A partir de 2005, el gobierno decidió entregarles el control de las cárceles a los internos por una combinación muy extraña de razones. Por un lado no podían controlarlas y por otro llegaron a hablar de las cárceles socialistas, una denominación terrible y parte del asunto es que los presos podían auto gestionarse, porque el socialismo era auto gestionador.

Eso fue lo que llevó a una situación de la más grande explotación que pueda existir. Las cárceles se las entregaron a un grupo que explota al resto de presos, que aplica sus propias leyes, que tiene sus propias cárceles dentro de las cárceles, que administran, a su buen saber y entender, los “pranes” que dirigen eso. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Las cárceles se convirtieron, en el mejor de los casos, en clubes sociales, pero además son bancos, donde se guarda dinero, son arsenales, donde se guardan armas, y son depósitos, donde se guarda droga. Y además es el lugar desde donde se dirige una parte del delito organizado. ¿Qué enseñanza se le puede dar a un preso sobre la ley cuando todo eso le ocurre allí adentro?


Pranes que dejan sin efecto el Estado de Derecho

—La propia legislación laboral ha creado nuevas oportunidades para que sean los “pranes” quienes controlen el empleo en la industria de la construcción y en el sector petrolero. Seguramente, ya no hacen falta sindicalistas, sino “pranes” que utilicen los sindicatos para explotar a los trabajadores y garantizarle a los empleadores que una obra no se va a paralizar, que una obra se puede, incluso, acelerar. Son los grandes reguladores de estas actividades económicas.

—Así es. La dirigencia sindical, en este caso, sustituida por las bandas, porque el proceso de captación de renta que podría tener un sindicato de la construcción o petrolero, que podía vender puestos de trabajo y negociarlos, se convirtió a su vez en un negocio muy apetecible para una banda que decidió y se dijo “bueno, esto no lo hace el sindicato, esto lo hacemos nosotros, ahora la renta la cobramos nosotros y lo hacemos con más fuerza porque tenemos las armas”.

De ahí se derivan enfrentamientos entre bandas. Hay empresarios a quienes les mostraban la foto de un individuo muerto, a quienes ellos les pagaban, y el otro le decía “ahora me pagas es a mí, el otro ya no existe y aquí está la prueba”. En todo eso lo que uno ve es la sustitución del Estado, que deja de actuar y de tener presencia como regulador de la vida social. Ahí pierden derecho los trabajadores, ahí pierden derechos los empresarios, ahí sencillamente tenemos una sociedad en la que el delito comienza a regularla y a dominarla.

—Al pasar las páginas del libro, surge la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado venezolano retrocediendo? ¿Cuánto tiempo tiene cediendo? ¿En qué medida se ha encogido o minimizado? Cuándo dejó de ser el ente regulador de la sociedad?

—Yo creo que el proceso fuerte comienza después de 1999, por una decisión política de no actuar que toma el presidente Chávez, de no reprimir el delito.

—¿Aquella intervención simbólica de que si tienes hambre robar está justificado?

—Esa es la teoría de la pobreza, bueno, si eres pobre y tienes hambre, entonces puede robar, ¿no? Y después todo el ataque contra las policías, el desmontaje y el desarme de los cuerpos policiales. En definitiva lo que había allí era una manera de creer que se incentivaba la lucha de clases a partir del delito y de la violencia y, a lo mejor, recurriendo incluso a la frase del Manifiesto Comunista: la violencia es la gran partera de la Historia. Entonces, no estaba tan mal que se pudiera estimular aquello, porque había que hacer la gran revolución venezolana, la gran revolución de América Latina y la del mundo. No podías pacificar la sociedad, sino incentivar la violencia.

A mí me parece que eso arranca allí, pero si queremos ver la historia un poquito más amplia en el tiempo, yo podría decir que la destrucción normativa en el país arranca en 1989, con El Caracazo. Ese hecho significa un quiebre normativo importante, que la sociedad no logra, ni sabe, cómo responder, entre otras cosas porque había una regla social básica, que es que tú no puedes llegar a la tienda y llevarte el televisor sin pasar por la caja. No hay que explicar mucho. Esa regla social está allí y se quiebra con los saqueos y la violencia policial y del Ejército.

El segundo momento de quiebre es 1992, en ese año se quiebran otras reglas básicas del funcionamiento de la sociedad. Y la regla es que tú, para llegar a ser Presidente, tenías que inscribirte, ir a una votación, hacer un partido, ganar unas elecciones y llegar a Miraflores. Eso se quiebra. Hay un grupo de individuos que con sus armas o sus cojones, deciden que van a tomar el poder y llegar a la Presidencia de la República. Es el quiebre sustantivo de lo que es la vida política, que se suma, y que la sociedad no logra procesar.


Seguridad para todos los venezolanos

—¿Cuál ha sido el reflejo de los quiebres normativos que usted alude en la violencia?

—Durante ese período los homicidios en el país aumentan. Sube fuertemente hasta el año 1994 y se viene a detener al año siguiente. ¿Qué pasa entre 1995 y 1998, donde la tasa de homicidios se mantiene estable e incluso desciende? Que hay un gobierno, que sin ser nada del otro mundo, decide una taima. Que hay que poner un cierto orden en la sociedad, que hay que generar convivencias y acuerdos entre los venezolanos. Inclusive perdonar, y saca al susodicho de la cárcel. ¿Buscando qué? Unir a los venezolanos, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso lleva a que cuando uno toma el primer año y el último del gobierno de Caldera descienden los homicidios.

En 1998 tuvimos 4.550 homicidios, en el año 99 casi se duplican y casi llegamos a los 8.000 homicidios. Allí se produce otra vez un quiebre. ¿Y qué pasa después de 1999? Una escalada continua, que va de 20 homicidios (por cada 100.000 habitantes) en 1998, a 82 homicidios que tuvimos el año pasado. Venezuela se convierte en el segundo país con mayores homicidios en el mundo. Claro, el gobierno se enreda. Un ministro dice que son 39, después viene la fiscal y dice que son 62. Bueno, total, tenemos 10 años de censura de las cifras y ellos no saben qué decir. ¿Qué ha pasado durante todo ese período? Que se han ido quebrando todas las reglas de funcionamiento de la sociedad, y esto es lo particular de Venezuela, por la propia acción del gobierno y del Estado.

—El crecimiento de la violencia no es una epidemia propia de la sociedad venezolana, se ha ido extendiendo en muchos países de América Latina.

—Si vemos el caso de Colombia o de México, las reglas se quebraron por la acción de grupos guerrilleros o del narcotráfico. Pero en Venezuela es el Estado el que decide quebrarlas. Las propias autoridades lo hicieron, entre otras cosas, con mensajes de guerra. ¿O nos olvidamos del lema Patria, Socialismo o Muerte?

–Según estudios de opinión citados en el libro, nueve de cada 10 venezolanos piensan que la democracia está en peligro por el auge de la delincuencia organizada. ¿No hay detrás de ese dato la posibilidad de impulsar una política consensuada que nos permita establecer unas normas y superar esa combinación de miedo y hartazgo que genera la violencia? ¿No hay allí una base social para crear un círculo virtuoso?

—Yo creo que se abren unas inmensas posibilidades para el país como respuesta. Creo que hay posibilidades de unir al país para enfrentar el delito, para enfrentar la delincuencia. Eso pasa por hacer una propuesta que una a los opositores y a los chavistas. Lo que hay que hacer es una política de seguridad para todos los venezolanos, para todos los sectores sociales y de todos los colores políticos. Y es posible porque el hartazgo es tan grande que la gente quiere unirse.

Esa oportunidad, en algún momento la tuvo el presidente Chávez y la desaprovechó, entre otras cosas, porque sentía que se beneficiaba de la división y de la polarización. Cuando se crea la UNES (Universidad Nacional Experimental de la Seguridad) y la Policía Nacional, quienes venían trabajando en el proyecto dicen, en alocuciones públicas, que esta es una policía profesional, esta es una policía al servicio de todos los venezolanos y ¿cuál es la respuesta del presidente Chávez y del ministro del Interior, que no podía decir otra cosa? Esta no es una policía de la burguesía, esta es una policía del pueblo, esta es una policía socialista.

Tú la acabaste, la acabas si la divides. No necesitas una política de seguridad ni socialista, ni de la oposición ni capitalista. Necesitas una política de seguridad para todos los venezolanos, de cualquier color político, de cualquier sector social y esa es una inmensa posibilidad.

—¿Por qué no pasa nada en el país? ¿Por qué no se desenreda esta inmensa maraña política, social y económica? ¿Está funcionando la delincuencia organizada como otro factor que impide el arreglo político, justamente porque prospera en el caos y en el desorden?

—No te sabría decir si tanto como para impedir el arreglo político. Yo creo que sí hay el temor en muchas personas vinculadas al poder, a quienes se les puede pedir rendición de cuentas, no sólo por lo político, sino por otros tipos de delitos. Y eso es un temor que los puede llevar a impedir acuerdos o a buscar una transición.

No solamente porque estarían perdiendo poder político y poder económico, sino que pudieran ser susceptibles de un tipo de persecución de otro orden, digamos, por delitos comunes, porque la implicación ahí ha sido muy grande y poco clara entre funcionarios y delitos comunes. Allí hay algo muy oscuro para el ciudadano.

Ahora, hay otro nivel donde la delincuencia ha actuado atemorizando a la población. La gente tiene miedo, la gente se ha inhibido, la gente se resguarda en su casa. La gente tiene miedo de la arbitrariedad del poder.

11-10-15




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