Por Anabella Abadi y Carlos
García Soto
El sector privado representa
64% del PIB y emplea a 8 de cada 10 trabajadores venezolanos, por lo que es
fundamental que el Gobierno Central promueva el crecimiento y desarrollo de
este sector para elevar el nivel de vida de la población. Si no se salvaguardan
los derechos del sector productivo privado, las empresas –que conforman el
sector privado- podrían cerrar o hacerse más pequeñas, al tiempo que
potenciales inversionistas preferirán establecerse en otros países que sí
protejan sus inversiones. Para recuperar el aparato productivo nacional y
elevar el nivel de vida de la población mediante la creación de empleos con
calidad, el sector privado es imprescindible.
Estas afirmaciones, que
parecen obvias, han sido reflejadas estadísticamente en el último Reporte
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En la edición
2015-2016 de este reporte, se identifican los factores más problemáticos para
hacer negocios en cada uno de los 140 países evaluados. Tomando la lista del
caso venezolano como guía de vuelo, hicimos un breve ejercicio de identificar
posibles acciones que pudiera tomar la Asamblea Nacional (AN) que asumirá el
Poder Legislativo en 2016.
Los factores más
problemáticos para hacer negocios según el Reporte Global de Competitividad
2015-2016
Es un lugar común en
Venezuela decir que nuestros problemas como país no se resuelven con más Leyes,
entre otras razones porque hay suficientes. Y el lugar común refleja
ciertamente el sentido común. Sin embargo, es también cierto que una inadecuada
legislación impide el libre desarrollo de la creatividad y enrarece el ambiente
favorable al riesgo propio de la actividad empresarial. Tómese como ejemplo la Ley
de Inversiones Extranjeras (Gaceta Oficial Nº 6.152 extraordinario de
18/11/2014), que ya en su ocasión analizamos. Además, hay que recordar que la AN no sólo ejerce la función
legislativa, sino que también ejerce la función contralora e incluso la función
política, como ámbito de representación de los ciudadanos, funciones que de
alguna manera dependerán del tipo de mayoría que obtenga la fuerza política que logre la mayor
cantidad de diputados. Y es desde esa perspectiva que la labor de la AN que
comienza su período constitucional el 5 de enero de 2016 puede ser fundamental
para la solución de algunos de los problemas del país. Con ello en mente, y
frente a los resultados del último Reporte de Competitividad Global,
podemos llegar a las siguientes breves conclusiones:
Regulaciones cambiarias
El actual control cambiario nace en febrero de 2003 y desde entonces se ha tornado
cada vez más complejo y distorsionante, dificultando el acceso a las divisas
oficiales y generando importantes trabas para las empresas que necesitan
importar los insumos para producir. La distorsión del tipo de cambio ha hecho
que importar sea más rentable que producir en Venezuela.
En este sentido, se debe
revisar el contenido normativo del actual régimen cambiario y la poca
transparencia e ineficiencias burocráticas propias del sistema. En un contexto
de importantes deudas externas y escasez de divisas, resulta fundamental la
asignación eficiente de las divisas disponibles.
De manera más puntual, se
deberían –por ejemplo- eliminar todas las trabas para exportar y permitir que
las empresas tengan libertad en el uso del 100% de las divisas que obtengan por
exportación. En caso de necesitar moneda local, podrían acceder al mercado
cambiario local y ofertar divisas a cambio de bolívares. Esto les permitiría
impulsar su productividad sin depender de las asignaciones de divisas por parte
del Gobierno Central
La AN tiene la potestad para
llevar a cabo una reforma a la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos (Gaceta
Oficial N° 6150 extraordinario de 18 de noviembre de 2014), que constituye la
base legal del actual régimen cambiario. La AN también podría reformar la Ley
de Inversiones Extranjeras, debido a que aleja a potenciales inversionistas
extranjeros. Se podría dictar una nueva Ley que realmente promueva y
proteja la inversión extranjera.
Inflación
El Gobierno Central se
caracteriza por una marcada indisciplina fiscal, basada en intencionadas
subestimaciones presupuestarias cubiertas con centenares de créditos
adicionales. Además, el Gobierno Central, en medio de una caída de la oferta de
bienes y servicios en el país, mantiene un alto ritmo de impresión de dinero
inorgánico, lo que se ha traducido en mayor inflación.
Es fundamental que la AN
vele por la autonomía del Banco Central, mediante constantes labores de
contraloría. Por su parte, la AN debe ser estricta en la revisión del Proyecto
de Ley de Presupuesto Nacional que el Ejecutivo Nacional le presenta anualmente
y debe llevar al mínimo la aprobación de créditos adicionales (los cuales deben
ser la excepción y no la regla). Cabe destacar que el artículo 314 de la
Constitución establece que la AN no debe aprobar créditos adicionales para
cubrir algún “gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto”. Desde
esa perspectiva, la función contralora de la AN es clave para controlar el
gasto público y para asegurar la disciplina presupuestaria. Esto no sólo
ayudaría al Banco Central a hacer una mejor planificación de la política
monetaria, sino que también ayudaría a hacer una asignación más eficiente de
los recursos públicos.
Burocracia gubernamental
ineficiente
La Administración Pública ha crecido enormemente. Mientras
en 1999 había 14 ministerios, en 2015 hay 27. Además, existen 106
viceministerios, 42 misiones y decenas de Fundaciones, Institutos Autónomos y
Empresas del Estado que han sido creadas por esta Administración, o que tienen
su origen en diversas formas de intervención sobre la propiedad privada. Una
creciente burocracia gubernamental es el caldo de cultivo para la ineficiencia,
e incluso para la corrupción.
Ante una creciente
burocracia gubernamental, la AN debe reforzar sus labores de contraloría así
como reforzar las labores de la Contraloría General de la República (ente
autónomo con amplias facultades para llevar adelante auditorías).
A la fecha, Transparencia
Venezuela considera que la Contraloría General de la República “no cuenta con
recursos suficientes ni financieros ni humanos para llevar adelante auditorías
que abarquen un porcentaje importante de la administración pública (…) Por otro
lado, esta institución no responde a las denuncias de corrupción realizadas por
la sociedad civil, ni se aboca a la auditoría del presupuesto, ni a la calidad
de su ejecución”. En este sentido, la AN debe velar por la autonomía de la
Contraloría General de la República y, por ejemplo, durante la revisión anual
del Presupuesto Nacional, aumentar las partidas presupuestarias de recursos de
este ente, con base en el artículo 313 de la Constitución.
Regulaciones laborales
restrictivas
La poca flexibilidad del
mercado laboral genera fuertes desincentivos a la contratación de talento
humano, lo que limita tanto el acceso a empleos con calidad, como la
productividad de las empresas y la oferta de bienes y servicios producidos en
Venezuela. Por tanto, resulta clave la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo,
de los Trabajadores y las Trabajadoras, los Decretos anuales que fijan la
inamovilidad laboral y la Ley Orgánica de Precios Justos. Estas normas limitan
el margen de maniobra presupuestaria de las empresas y desincentivan la
contratación de talento humano.
Inestabilidad de las
políticas públicas
La incertidumbre sobre la
formulación de las políticas públicas, sobre todo las relacionadas con la
política económica, dificulta la planificación y la toma de decisiones del
sector productivo y desincentiva la inversión privada.
La aprobación ya frecuente
de Leyes Habilitantes, no sólo limita la actividad legislativa propia de la AN,
sino que faculta al Presidente para aprobar leyes de manera inconsulta, e
incluso de forma desordenada. Por ello, la AN debe ser muy estricta en la
aprobación de Leyes Habilitantes, para poder cumplir así su función
legislativa, así como también su función contralora.
Por su parte, se deben
revisar las leyes que facultan al Ejecutivo Nacional para intervenir de manera
discrecional en los distintos eslabones de las cadenas de producción,
distribución y comercialización del país, resaltando –por ejemplo- la Ley
Orgánica de Precios Justos. Los resultados de 12 años de control de precios están hoy a la vista de
cualquier venezolano.
Corrupción
En Venezuela hay un grave
déficit en la percepción ciudadana sobre el Estado de Derecho. El venezolano
siente que, ante cualquier injusticia, no hay institución que lo proteja y que
defienda sus derechos. Y esto se debe, en gran medida, a la creciente
burocracia gubernamental y la impunidad que impera en el sistema de justicia
nacional. Esta lamentable situación, además de atentar contra la calidad de
vida del venezolano, ha permitido que la corrupción haya permeado en muchos de
los ámbitos de la vida nacional.
Para intentar paliar el
problema de corrupción, el Presupuesto Nacional debe seguir el principio de
unidad documental y de caja, para así eliminar los fondos parafiscales y todos
los recursos en divisas se transferirían a las reservas internacionales.
Vale la pena considerar la
implementación de un sistema único e integrado de trámites nacionales, para
evitar (o disminuir) el llamado arbitraje en los trámites administrativos.
La AN también debe
plantearse cuáles iniciativas puede impulsar para combatir la inseguridad que
hay en el país. Vale decir, atacar el problema de la impunidad desde el seno de
la AN también impactaría en el grave problema de inseguridad que sufre la
sociedad venezolana.
Oferta inadecuada de
infraestructura
Un importante número de
obras de infraestructura ha sido financiadas vía gasto parafiscal, lo que
dificulta su seguimiento. El Presupuesto Nacional debería seguir el principio
de unidad documental y de caja, de forma tal que todo gasto e inversión pública
sea previsto dentro del mismo. A su vez, la AN debe ejercer sus funciones de
contraloría sobre todas las obras inconclusas, para determinar el avance de las
mismas y lo necesario para su culminación.
Complejidad de las
regulaciones impositivas
Según el informe Hacer Negocios 2015 del Banco Mundial,
Venezuela es la segunda peor economía del mundo en cuanto a las dificultades
asociadas con el pago de impuestos, sólo superada por Bolivia. En Venezuela
toma en promedio 792 horas realizar los 71 pagos de impuestos previstos. Al
momento de la publicación de las reformas tributarias a través de la Ley
Habilitante de 2014, el cálculo de los impuestos comprometía 65,5% de las
ganancias de las empresas.
Si bien los aumentos de las
tasas impositivas buscan garantizar más recursos al Fisco, tambiénes importante recordar que un aumento de 10% de los
impuestos se estima reduce en 6% la inversión extranjera directa (IED) como
porcentaje del PIB, impactando la creación de oportunidades de empleo. En
contraste, una disminución de 10% de los impuestos aumentaría en 2,2% la
inversión privada y un aumento de 10% de la inversión privada se traduce en un
aumento de 1,9% del nivel de empleo.
En este sentido, la AN debe
velar por un equilibrado sistema impositivo que garantice los recursos
suficientes al Fisco sin atentar contra la economía nacional: control del gasto
público y revisión de las leyes del sistema tributario venezolano.
Estas y otras son las tareas
de la AN que comience sus funciones en 2016.
07-10-15
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