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jueves, 8 de octubre de 2015

¿Qué podría hacer la AN para impulsar el aparato productivo nacional? Por @Janabadi


Por Anabella Abadi y Carlos García Soto


El sector privado representa 64% del PIB y emplea a 8 de cada 10 trabajadores venezolanos, por lo que es fundamental que el Gobierno Central promueva el crecimiento y desarrollo de este sector para elevar el nivel de vida de la población. Si no se salvaguardan los derechos del sector productivo privado, las empresas –que conforman el sector privado- podrían cerrar o hacerse más pequeñas, al tiempo que potenciales inversionistas preferirán establecerse en otros países que sí protejan sus inversiones. Para recuperar el aparato productivo nacional y elevar el nivel de vida de la población mediante la creación de empleos con calidad, el sector privado es imprescindible.


Estas afirmaciones, que parecen obvias, han sido reflejadas estadísticamente en el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En la edición 2015-2016 de este reporte, se identifican los factores más problemáticos para hacer negocios en cada uno de los 140 países evaluados. Tomando la lista del caso venezolano como guía de vuelo, hicimos un breve ejercicio de identificar posibles acciones que pudiera tomar la Asamblea Nacional (AN) que asumirá el Poder Legislativo en 2016.


Los factores más problemáticos para hacer negocios según el Reporte Global de Competitividad 2015-2016

Es un lugar común en Venezuela decir que nuestros problemas como país no se resuelven con más Leyes, entre otras razones porque hay suficientes. Y el lugar común refleja ciertamente el sentido común. Sin embargo, es también cierto que una inadecuada legislación impide el libre desarrollo de la creatividad y enrarece el ambiente favorable al riesgo propio de la actividad empresarial. Tómese como ejemplo la Ley de Inversiones Extranjeras (Gaceta Oficial Nº 6.152 extraordinario de 18/11/2014), que ya en su ocasión analizamos. Además, hay que recordar que la AN no sólo ejerce la función legislativa, sino que también ejerce la función contralora e incluso la función política, como ámbito de representación de los ciudadanos, funciones que de alguna manera dependerán del tipo de mayoría que obtenga la fuerza política que logre la mayor cantidad de diputados. Y es desde esa perspectiva que la labor de la AN que comienza su período constitucional el 5 de enero de 2016 puede ser fundamental para la solución de algunos de los problemas del país. Con ello en mente, y frente a los resultados del último Reporte de Competitividad Global, podemos llegar a las siguientes breves conclusiones:
Regulaciones cambiarias

El actual control cambiario nace en febrero de 2003 y desde entonces se ha tornado cada vez más complejo y distorsionante, dificultando el acceso a las divisas oficiales y generando importantes trabas para las empresas que necesitan importar los insumos para producir. La distorsión del tipo de cambio ha hecho que importar sea más rentable que producir en Venezuela.

En este sentido, se debe revisar el contenido normativo del actual régimen cambiario y la poca transparencia e ineficiencias burocráticas propias del sistema. En un contexto de importantes deudas externas y escasez de divisas, resulta fundamental la asignación eficiente de las divisas disponibles.

De manera más puntual, se deberían –por ejemplo- eliminar todas las trabas para exportar y permitir que las empresas tengan libertad en el uso del 100% de las divisas que obtengan por exportación. En caso de necesitar moneda local, podrían acceder al mercado cambiario local y ofertar divisas a cambio de bolívares. Esto les permitiría impulsar su productividad sin depender de las asignaciones de divisas por parte del Gobierno Central

La AN tiene la potestad para llevar a cabo una reforma a la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos (Gaceta Oficial N° 6150 extraordinario de 18 de noviembre de 2014), que constituye la base legal del actual régimen cambiario. La AN también podría reformar la Ley de Inversiones Extranjeras, debido a que aleja a potenciales inversionistas extranjeros. Se podría dictar una nueva Ley que realmente promueva  y proteja la inversión extranjera.

Inflación

El Gobierno Central se caracteriza por una marcada indisciplina fiscal, basada en intencionadas subestimaciones presupuestarias cubiertas con centenares de créditos adicionales. Además, el Gobierno Central, en medio de una caída de la oferta de bienes y servicios en el país, mantiene un alto ritmo de impresión de dinero inorgánico, lo que se ha traducido en mayor inflación.

Es fundamental que la AN vele por la autonomía del Banco Central, mediante constantes labores de contraloría. Por su parte, la AN debe ser estricta en la revisión del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que el Ejecutivo Nacional le presenta anualmente y debe llevar al mínimo la aprobación de créditos adicionales (los cuales deben ser la excepción y no la regla). Cabe destacar que el artículo 314 de la Constitución establece que la AN no debe aprobar créditos adicionales para cubrir algún “gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto”. Desde esa perspectiva, la función contralora de la AN es clave para controlar el gasto público y para asegurar la disciplina presupuestaria. Esto no sólo ayudaría al Banco Central a hacer una mejor planificación de la política monetaria, sino que también ayudaría a hacer una asignación más eficiente de los recursos públicos.

Burocracia gubernamental ineficiente

La Administración Pública ha crecido enormemente. Mientras en 1999 había 14 ministerios, en 2015 hay 27. Además, existen 106 viceministerios, 42 misiones y decenas de Fundaciones, Institutos Autónomos y Empresas del Estado que han sido creadas por esta Administración, o que tienen su origen en diversas formas de intervención sobre la propiedad privada. Una creciente burocracia gubernamental es el caldo de cultivo para la ineficiencia, e incluso para la corrupción.

Ante una creciente burocracia gubernamental, la AN debe reforzar sus labores de contraloría así como reforzar las labores de la Contraloría General de la República (ente autónomo con amplias facultades para llevar adelante auditorías).

A la fecha, Transparencia Venezuela considera que la Contraloría General de la República “no cuenta con recursos suficientes ni financieros ni humanos para llevar adelante auditorías que abarquen un porcentaje importante de la administración pública (…) Por otro lado, esta institución no responde a las denuncias de corrupción realizadas por la sociedad civil, ni se aboca a la auditoría del presupuesto, ni a la calidad de su ejecución”. En este sentido, la AN debe velar por la autonomía de la Contraloría General de la República y, por ejemplo, durante la revisión anual del Presupuesto Nacional, aumentar las partidas presupuestarias de recursos de este ente, con base en el artículo 313 de la Constitución.

Regulaciones laborales restrictivas

La poca flexibilidad del mercado laboral genera fuertes desincentivos a la contratación de talento humano, lo que limita tanto el acceso a empleos con calidad, como la productividad de las empresas y la oferta de bienes y servicios producidos en Venezuela. Por tanto, resulta clave la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, los Decretos anuales que fijan la inamovilidad laboral y la Ley Orgánica de Precios Justos. Estas normas limitan el margen de maniobra presupuestaria de las empresas y desincentivan la contratación de talento humano.

Inestabilidad de las políticas públicas

La incertidumbre sobre la formulación de las políticas públicas, sobre todo las relacionadas con la política económica, dificulta la planificación y la toma de decisiones del sector productivo y desincentiva la inversión privada.

La aprobación ya frecuente de Leyes Habilitantes, no sólo limita la actividad legislativa propia de la AN, sino que faculta al Presidente para aprobar leyes de manera inconsulta, e incluso de forma desordenada. Por ello, la AN debe ser muy estricta en la aprobación de Leyes Habilitantes, para poder cumplir así su función legislativa, así como también su función contralora.

Por su parte, se deben revisar las leyes que facultan al Ejecutivo Nacional para intervenir de manera discrecional en los distintos eslabones de las cadenas de producción, distribución y comercialización del país, resaltando –por ejemplo- la Ley Orgánica de Precios Justos. Los resultados de 12 años de control de precios están hoy a la vista de cualquier venezolano.

Corrupción

En Venezuela hay un grave déficit en la percepción ciudadana sobre el Estado de Derecho. El venezolano siente que, ante cualquier injusticia, no hay institución que lo proteja y que defienda sus derechos. Y esto se debe, en gran medida, a la creciente burocracia gubernamental y la impunidad que impera en el sistema de justicia nacional. Esta lamentable situación, además de atentar contra la calidad de vida del venezolano, ha permitido que la corrupción haya permeado en muchos de los ámbitos de la vida nacional.

Para intentar paliar el problema de corrupción, el Presupuesto Nacional debe seguir el principio de unidad documental y de caja, para así eliminar los fondos parafiscales y todos los recursos en divisas se transferirían a las reservas internacionales.

Vale la pena considerar la implementación de un sistema único e integrado de trámites nacionales, para evitar (o disminuir) el llamado arbitraje en los trámites administrativos.

La AN también debe plantearse cuáles iniciativas puede impulsar para combatir la inseguridad que hay en el país. Vale decir, atacar el problema de la impunidad desde el seno de la AN también impactaría en el grave problema de inseguridad que sufre la sociedad venezolana.

Oferta inadecuada de infraestructura

Un importante número de obras de infraestructura ha sido financiadas vía gasto parafiscal, lo que dificulta su seguimiento. El Presupuesto Nacional debería seguir el principio de unidad documental y de caja, de forma tal que todo gasto e inversión pública sea previsto dentro del mismo. A su vez, la AN debe ejercer sus funciones de contraloría sobre todas las obras inconclusas, para determinar el avance de las mismas y lo necesario para su culminación.

Complejidad de las regulaciones impositivas

Según el informe Hacer Negocios 2015 del Banco Mundial, Venezuela es la segunda peor economía del mundo en cuanto a las dificultades asociadas con el pago de impuestos, sólo superada por Bolivia. En Venezuela toma en promedio 792 horas realizar los 71 pagos de impuestos previstos. Al momento de la publicación de las reformas tributarias a través de la Ley Habilitante de 2014, el cálculo de los impuestos comprometía 65,5% de las ganancias de las empresas.

Si bien los aumentos de las tasas impositivas buscan garantizar más recursos al Fisco, tambiénes importante recordar que un aumento de 10% de los impuestos se estima reduce en 6% la inversión extranjera directa (IED) como porcentaje del PIB, impactando la creación de oportunidades de empleo. En contraste, una disminución de 10% de los impuestos aumentaría en 2,2% la inversión privada y un aumento de 10% de la inversión privada se traduce en un aumento de 1,9% del nivel de empleo.

En este sentido, la AN debe velar por un equilibrado sistema impositivo que garantice los recursos suficientes al Fisco sin atentar contra la economía nacional: control del gasto público y revisión de las leyes del sistema tributario venezolano.

Estas y otras son las tareas de la AN que comience sus funciones en 2016.

07-10-15




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