Por Mayela Armas
San Antonio del Táchira.
“Esto ha sido muy duro. Esto está peor”, aseveró Liliana una colombiana que
vive en el sector La Invasión de San Antonio del Táchira. Hace 11 años llegó
junto con su familia procedente de Villa del Rosario, y sentada a las puertas
de su casa comentó que “desde más de un mes los militares nos están molestando
constantemente”.
Tras el cierre de la
frontera y el decreto de estado de excepción en 10 municipios del Táchira, el
Gobierno lanzó una OLP (Operación de Liberación del Pueblo) en La Invasión y en
el marco de ese operativo allanaron viviendas. En la medida que los efectivos
pasaban por la zona las casas eran marcadas con la letra “D” para la demolición
y “R” para la revisión.
El Presidente Nicolás Maduro
señaló que “La Invasión era una base paramilitar donde se practicaba el
esclavismo sexual. La mayoría de quienes vivían ahí estaban en situación
irregular eran esclavos económicos porque practicaban el bachaqueo bajo las
órdenes de las bandas paramilitares”.
En ese barrio, que tiene
cerca de 12 años, viven miles de colombianos, muchos indocumentados. Durante
los operativos, más de 1.000 personas fueron deportadas, según datos de la ONU.
Otras decidieron irse por su cuenta, luego de las acciones oficiales.
En La Invasión hay áreas que
ya son solo ruinas, porque cientos de casas fueron demolidas incluyendo
iglesias evangélicas. Todavía muchas viviendas están marcadas, otras no. Pero
en la zona el miedo impera, pocos quieren contar lo que ha pasado a mes y medio
de las medidas ejercidas por el Gobierno, y más porque es constante que los
guardias nacionales estén recorriendo las calles del asentamiento.
Liliana, cuyo apellido quiso
que se mantuviera en reserva, tiene 26 años y dos hijos pequeños, que son
venezolanos. Para esta vendedora informal la situación empeoró con el cierre y
tanjatemente dijo que “aquí la ley no respeta a nadie. La Guardia siempre viene
a fastidiarnos, a pedirnos los papeles. Vi como a muchos les rompieron la
cédula”.
Su prima Claudia (nombre
ficticio para preservar su identidad) fue deportada y separada de su hijo de
dos años. A los pocos días se devolvió por una de las tantas de trochas que hay
en el sector.
“Yo fui deportada porque no
tengo los papeles, pero mi muchachito de dos años se quedó y no podía estar
lejos de él. Pagué y me vine por la trocha. Mi hermana también fue deportada.
Ella sí se quedó en Cúcuta”, comentó.
Liliana que tiene cédula
colombiana dice que a ella no le hicieron nada en aquel momento, porque cuenta
con una carta de residencia. Con enfado expresó que “Chávez no hizo nada contra
nosotros. Maduro nos tiene rabia, nosotros no somos delincuentes”.
Rafael Torres es bordador y
su pareja también fue deportada. Actualmente, está solo con sus dos
hijas. “Ella trabajaba en casas de familia y tenía cédula colombiana.
Comenzamos el proceso para que ella tuviera los papeles y no lo terminamos”.
Dudas de las promesas
A los días de los allanamientos
y demoliciones de las casas en La Invasión, el gobernador de la entidad, José
Gregorio Vielma Mora, manifestó en un programa de televisión que se
construirían 836 viviendas en esa zona, pero la promesa no ha convencido.
Rafael, quien es venezolano,
dijo que “no le creo lo de las viviendas después de lo que pasó”. Luis
(nombre ficticio para proteger su identidad), tiene dudas. Este taxista con 10
años en el país indicó que “porque no las hicieron antes. Ya Vielma Mora ha
estado aquí y sabe nuestros problemas”.
En el sector hay una base de
misiones que tiene como objetivo dar servicios de educación y salud a la
comunidad, sin embargo, está cerrada desde que se registraron los operativos en
el barrio.
Los habitantes consultados
también tienen desconfianza sobre las nacionalizaciones anunciadas por el
gobernador y el pronunciamiento de Unasur de que los colombianos deportados
pueden volver. “Dicen que nos van a dar las cédulas, van a recoger las firmas y
las huellas, pero no les creo”, añadió Rafael.
Aunque muchos colombianos se
han ido, en La Invasión algunos están dispuestos a quedarse. Liliana y Luis
expresaron que no se regresan a Colombia, porque allá los servicios son muy
caros. Rafael agregó que “Colombia sirve para trabajar, no para vivir”.
Los vecinos relataron que en
las últimas semanas la ausencia de productos como leche, pasta, arroz, champú,
jabón para lavar, jabón para bañarse ha aumentado. En las bodegas que están en
el barrio hay pocos artículos y se venden a precios elevados.
Liliana, después de detallar
la lista de bienes que no consigue, apuntó que “en este país tiene que aumentar
la producción. Que le den los dólares a las empresas para que compren la
materia prima para producir los pañales”.
¿Y los controles?
En San Antonio del Táchira
el paso solamente está permitido para estudiantes, turistas, trabajadores,
personas que tienen tratamientos médicos o requieren comprar una medicina
y colombianos que se van del país, pero por las trochas todavía se cruza
la frontera y quienes lo hacen tienen que pagar.
En La Invasión es frecuente
que motorizados transiten las calles trasladando personas que van hacia las
trochas o buscando a otras que vienen desde Cúcuta. Y cerca de esos pasos hay
efectivos militares.
Rafael comentó que ante la
necesidad de estar con la familia, su pareja en mes y medio ya ha ido tres
veces a San Antonio por las trochas y ha cancelado 3.000 bolívares.
Fotos: Cristian Hernández
06-10-15
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