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sábado, 1 de agosto de 2015

Licoristas, bachaqueros, guardacupos…, por Miguel Méndez Rodulfo

Miguel Méndez Rodulfo 31 de julio de 2015

Tales son los calificativos peyorativos que los laboratorios de propaganda sucia del régimen inventan, para justificar la “guerra económica que la derecha tiene contra el gobierno”. El asunto que estos no son potentados. Los primeros, los comerciantes que se dedican a vender licores, han sido atacados en la integridad de su gremio; el Presidente de la Federación de Licorerías de Venezuela, Fray Roa, ha sido detenido arbitrariamente por los cuerpos de seguridad y recluido en un calabozo, todo por denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la falta de divisas para pagar deudas con proveedores e importar insumos para darle continuidad a la producción, sobre todo de cerveza. Polar ya anuncia cierres de plantas en agosto cuya reactivación tardaría semanas en arrancar de nuevo, pero si se agrava el suministro de billetes americanos, estas factorías cerrarían definitivamente. Las imputaciones del gobierno contra el dirigente gremial son tan peregrinas como que: “¿quién es Fray Roa para que lo entreviste CNN?” “Se trata de una campaña para poner a la gente contra el gobierno” “Roa fue citado y no compareció por talar árboles injustificadamente”. Todo esto lo que busca claramente es atemorizar e impedir las denuncias que revelan la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas de escasez.

Los bachaqueros, asi como los guardacupos ahora y los raspacupos (antes, cuando estos estaban en su apogeo) son actividades fomentadas por los controles de precios, lo que significa, en otras palabras, que son los puestos de trabajo que el régimen ha creado en estos 16 años de mal gobierno. El problema es que tal creación se ha vuelto contra su progenitor. Los bachaqueros, esos disciplinados revendedores, que madrugan para aprovechar la venta de productos regulados en los supermercados privados, también actúan en masa contra Mercal y Pdval, acaparando productos que luego no llegan a los consumidores de esos centros de abastecimiento públicos. Como es bien sabido los controles de precio y cambiario, generan de inmediato un eficiente mercado negro. Pero no son los bachaqueros pequeños, que actúan en forma individual, los que hacen más daño; son los grandes, coludidos con funcionarios públicos que disponen la salida de alimentos de los almacenes controlados por el gobierno, los que realmente hacen mella en la cadena de distribución. Son miles de millones que se ganan fácilmente, en mafias articuladas. Contra eso el gobierno nada pueda hacer, pero entre tanto vilipendia a los revendedores cuyo oficio es hacer cola todo el día, ganándose un buen dinero, pero que no se compara con el bachaquero mafioso que se embolsilla 20 veces más, por pertenecer a una rosca.

En esta guerra declarada el gobierno ha logrado que la clase media y también muchos sectores populares detesten a estos avispados revendedores, que en vez de compararlos con esos insectos voladores, los mientan como las colonias de heminópteros que caminan cargados en fila, cuya característica son unas antenas lameladas abiertas y unos ojos superpuestos. Lo cierto es que estos emprendedores, nos guste o no, cumplen también una función social: permiten que los que no puedan hacer cola por motivos de trabajo, enfermedad, edad, etc., puedan acceder a los alimentos y productos que deseen consumir. Ciertamente, no al precio regulado, ni tampoco al valor que muchos consideran justo, aunque con esta inflación galopante en que semana a semana sube el costo de los alimentos y productos, ya no hay una noción de la justeza de precios. La realidad es que, sin los controles de precios, se recuperaría la producción nacional, y si se crean mecanismos de respeto al sector privado y se unifica el dólar, seguramente volvería la confianza y los precios escandalosos de hoy serían más bajos. En este escenario no habría bachaqueros. Claro, ello sería con otro modelo económico, algo que este gobierno no está dispuesto a modificar.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas, 31 de julio de 2015

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