Por Carlos Romero, 14/05/2015
El problema en la prestación del servicio de agua potable no tiene
ideología, afecta a todos por igual, no discrimina si se trata de capitalismo o
de socialismo del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte
que hay 1,6 millones de personas que fallecen cada año por causa de
enfermedades diarreicas, atribuibles a la falta de acceso a un agua potable
saludable y al saneamiento básico, de ese universo, un total de 90% son menores
de cinco años, según los datos de la OMS[1].
Precisamente en ocasión al Día Internacional del Agua, celebrado en
marzo de 2015, el Papa Francisco hizo un llamado a garantizar el acceso
universal al agua potable y pidió a la comunidad internacional proteger las
aguas del planeta y garantizar que nadie sea excluido o discriminado del uso
del agua, reconociéndolo como un bien común por excelencia.
En Venezuela, la Ley Orgánica de Prestación del Servicio Público y
Saneamiento (LOPSPyS), asume como uno de sus principios rectores el acceso de
todos los ciudadanos a la provisión de los servicios de agua potable y
saneamiento; la preservación de la salud pública, el recurso hídrico y el
ambiente; así como también, la calidad del servicio público.
Además ese texto legal, entre sus objetivos, expresamente señala la
protección de los derechos de los suscriptores de este servicio público, es
decir de los ciudadanos y además, persigue en sus normas, diseñar mecanismos
que faciliten la participación ciudadana en esta materia.
Entre esos derechos que la Ley venezolana busca proteger está
precisamente el recibir información precisa, completa y oportuna del prestador
del servicio sobre tarifas, calidad de agua, condiciones de la prestación del
servicio y cualquier otra información que sea relevante.
Pero además y como complemento a este derecho, la Ley obliga a los
prestadores del servicio a garantizar información a los suscriptores y a los
municipios sobre cualquier anormalidad o irregularidad en la prestación del
servicio de agua potable.
En conclusión, y así lo expresa el artículo 9 de la Ley de Aguas, la
información se convierte en la herramienta esencial para que el Estado pueda
promover la participación de los ciudadanos en los problemas del agua y en la
construcción de las soluciones necesarias en esta materia.
Por lo tanto cuando un alcalde, como ocurrió en Puerto Cabello[2], estado Carabobo,
solicita se declare en Estado de Emergencia el Municipio por ausencia de agua
potable, y la autoridad además reconoce que hasta que no llueva no habrá
expectativas de tener agua nuevamente a través de las tuberías, pone de relieve
una grave crisis local, que exige necesariamente un Plan de Contingencia, que
concrete acciones de coordinación entre el Poder Nacional, Estadal y Municipal,
pero además, demanda que en ese plan los ciudadanos tengan activa participación
en su diseño, ejecución y evaluación.
Así mismo ocurre, cuando los Concejos Municipales de Palmira[3], estado Táchira y del
municipio Piar, estado Bolívar[4], de manera institucional
elevan su voz de alerta y advierten la necesidad de declarar Emergencia por las
fallas en la prestación del servicio de agua potable.
En Píritu, estado Anzoátegui, por ejemplo, el Alcalde asumió la
perforación de pozos de agua profunda para distribuir agua potable con camiones
cisternas de manera gratuita a otras poblaciones,[5] pero no ha dejado
de representar a sus vecinos frente a otras instancias gubernamentales en el
reclamo por las mejoras necesarias para garantizar el acceso y la calidad del
servicio a toda la población.
Las mesas técnicas de agua previstas en la LOPSAPyS, pareciera convertirse
en una necesidad, pero su inexistencia no debe y no puede limitar el derecho a
la participación, en tal sentido, los otros mecanismos de participación
previstos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se presentan como
alternativas útiles para facilitar que el ciudadano pueda ejercer
legítimamente, en el marco de la autonomía municipal, su derecho constitucional
a participar en particular en este tema que le afecta de manera directa e
impacta la calidad de vida del municipio.
En este sentido, los Municipios pueden promover la conformación de un
espacio institucional en el cual se ponga al servicio de la colectividad, la
experticia y conocimiento de algunos vecinos del municipio en la materia, y
junto a las autoridades públicas locales, puedan diagnosticar la realidad
municipal en cuanto al acceso al agua potable, la calidad del servicio, las
razones que han sostenido el racionamiento a lo largo de los meses anteriores,
y las medidas se han tomado para solventar ese racionamiento programado; todo ello,
con la finalidad de construir desde la institucionalidad local un plan que
responda a una eventual crisis hídrica con estrategias y acciones viables para
evitar que se quiebre la mínima convivencia pacífica en las comunidades.
La educación y sensibilización ciudadana resulta un elemento clave en
esas estrategias, asumiendo como premisa que hasta que no llueva, no mejorará
la situación, pero teniendo presente, que hay soluciones técnicas que deben
tomarse y que sólo el gobierno central es el responsable de concretarlas.
En momentos de crisis, la inclusión ciudadana es necesaria, pues la
comprensión de la realidad, sus causas y consecuencias, son pieza clave; pero
además, resulta importante la organización vecinal capaz de articular con las
autoridades locales el reclamo efectivo de los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico venezolano a cada uno de los ciudadanos suscriptores del
servicio público de agua potable.
No olvidemos, que el acceso al agua es un derecho fundamental y además
un bien social reconocido por la Ley de Aguas; por lo tanto, como bien
insustituible, estos tiempos exigen que ante la interrupción del servicio o el
racionamiento programado, los ciudadanos y las autoridades locales deben
involucrarse responsablemente en prever cualquier posible contingencia para no
agravar la situación, más de lo que ya pareciera estar.
[1] El
Tiempo. Papa Francisco pide garantía de acceso a agua potable. 22 de marzo de
2015. Online en: http://www.eltiempo.com/mundo/europa/agua-potable-en-el-mundo/15445943
[2]El
Universal. Alcalde de Puerto Cabello exige decretar estado de emergencia. 8 de
mayo 2015. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150508/alcalde-de-puerto-cabello-exige-decretar-estado-de-emergencia
[3]Acueducto
de Palmira debe ser declarado en emergencia. 23 de marzo del 2015.http://diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=9218
[4] El
Fortín de Guayana. Upata en emergencia por falta de agua. 24 de abril de 2015.
Online en:http://elfortindeguayana.com/83429-upata-en-emergencia-por-falta-de-agua/
[5] El
Norte. “El entendimiento nacional es la única vía para superar la situación
actual. 03 de mayo de 2015. Online en: http://www.elnorte.com.ve/40462/
Artículo escrito para Politika UCAB
Carlos Romero M.
@carome31
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico