Por Carlos Miguel Rodrigues, 10/05/2015
La centralización fue un fenómeno dominante en los sistemas políticos
surgidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Estado soviético, el
Estado de Bienestar y el Estado desarrollista fueron expresiones diversas de un
mismo modelo centralizado de toma de decisiones. Sin embargo, en la década de
1970, influido por la globalización y los rápidos cambios tecnológicos, el
centralismo comenzó a dar muestras de agotamiento, perdiendo su eficacia y
legitimidad. En todo el mundo surgieron proyectos de descentralización política
y económica que concedían una importancia inédita a los actores locales y
regionales en la gestión de los asuntos públicos.
Venezuela no fue la excepción. Desde 1989, sucesivos gobiernos
adoptaron un conjunto de reformas para fortalecer políticamente a los estados y
municipios, incrementar su capacidad de gestión y aumentar su autonomía fiscal.
Sin embargo, esta política de descentralización tuvo que enfrentar dos grandes
limitaciones: por un lado, la histórica tradición centralista dominante en la
arena política; por el otro, la condición de Venezuela como un petroEstado, lo
que refuerza el poder del Gobierno central a merced tanto del sector
empresarial como de los niveles subnacionales. En buena medida por estas
restricciones, la estrategia descentralizadora arrojó un balance parcial y
contradictorio: los avances fueron desiguales en el territorio; la
transferencia de competencias se realizó sin planificación; y abundaron los
casos de gobiernos subnacionales con déficits de capacidad institucional.
La Constitución de 1999 se propuso recoger y relanzar esta experiencia,
dándole un rango constitucional a la descentralización y vinculando su
desarrollo a la participación ciudadana. Sin embargo, nuevamente la tradición
centralizadora se expresó en la dinámica política.
En contravención de los postulados constitucionales, el chavismo fungió
como portador de un nuevo proyecto de centralización autoritaria, denominado
“socialismo del siglo XXI”. Utilizando su inmenso poder político y económico,
el Gobierno central se ha dedicado sistemáticamente a desmantelar la
descentralización, intentando sustituirla primero por la regionalización y
luego por una entelequia denominada “Estado comunal”, totalmente subordinada al
Ejecutivo Nacional. Los intentos por debilitar e incapacitar a las
Gobernaciones y Alcaldías han incluido acciones legales, administrativas y,
sobretodo, financieras, las cuales han venido a agravar la propia debilidad
institucional que muchos de estos gobiernos han arrastrado desde su creación.
La crisis que actualmente padecemos ha vuelto a colocar en evidencia el
agotamiento histórico de la centralización: la política centralista del
Ejecutivo ha tenido, sin duda, un impacto directo sobre el colapso de los
servicios públicos, la creciente ineficiencia estatal y el deterioro paulatino
de las condiciones básicas de la gobernabilidad democrática.
Uno de los temas críticos de la agenda para la superación de la crisis
será, sin duda, la reinstitucionalización de la descentralización como política
de Estado. Este viraje exigirá, sin embargo, mucha voluntad política, un
correcto diseño y, especialmente, un gran esfuerzo centrado en el
fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, actualmente golpeados
por años de acoso, aislamiento y asfixia financiera.
Uno de los retos principales de los municipios, que debe ser encarado
desde ya, es la revisión y fortalecimiento de sus funciones de organización,
planificación, coordinación y participación, preparando su estructura y
capacidades institucionales para asumir nuevas y más estratégicas competencias.
El municipio se ha constituido en un actor central del desarrollo y la
gobernabilidad en la mayor parte de los países latinoamericanos; es cuestión de
tiempo que en Venezuela también le demos la significación y el protagonismo que
le corresponde. Para entonces, la pelota estará en la cancha de los gobiernos
locales, los cuales deberán estar a la altura de las circunstancias si no
quieren darle renovados bríos a la perniciosa tradición centralista venezolana.
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