Por Eddie Ramírez, 11/04/2015
La masacre del 11 de abril del 2002, promovida por el teniente coronel
Hugo Chávez y varios de sus acólitos, sigue sin ser investigada. Fueron
asesinados 19 ciudadanos, nueve de ellos participantes de la marcha opositora
que pretendía llegar a Miraflores a exigir la renuncia del presidente Hugo
Chávez y nueve identificados con el oficialismo. Además, hubo unos 200 heridos,
casi todos de la fila opositora. Por razones que ignoramos, la juez Marjorie
Calderón y los tres escabinos solo investigaron dos casos de homicidio y ocho
de lesiones y sentenciaron hasta a 30 años de cárcel a los Comisarios Iván
Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como a seis efectivos de la Policía
Metropolitana. Hoy, trece años después, permanecen detenidos en la cárcel
militar de Ramo Verde los policías Erasmo Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain,
Marco Hurtado y Arube Pérez. Los tres Comisarios mencionados están detenidos en
sus casas por confrontar serios problemas de salud que demoraron mucho en ser
atendidos.
En el juicio se demostró que las balas encontradas en los cuerpos de
los ciudadanos cuya muerte se investigó no procedieron de las armas de los
policías. Además, las mismas tenían una trayectoria descendente, es decir de
arriba hacia abajo, por lo cual es imposible que fuesen disparadas por los
policías que estaban en un plano inferior, concretamente al sur de Puente
Llaguno sobre la avenida Baralt.
La juez Calderón, según la prensa, es esposa de un destacado dirigente
del Psuv y fue designada gracias a las gestiones de un ex socio del ex fiscal
general Isaías Rodríguez. Como premio, en el 2014 fue designada Magistrada de
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Dos de los tres
escabinos eran beneficiarios de las Misiones sociales del gobierno. Haifa
Aissami, fiscal acusadora en el juicio, es hermana de Tareck El Aissami,
entonces ministro del Interior y Justicia y actual gobernador de Aragua. Hoy es
embajadora ante el Reino de los Países Bajos. Evidentemente fue un juicio
político, valiéndose de personas estrechamente relacionadas con el régimen.
Quienes estuvimos en la marcha del 11 de abril del 2002, y llegamos por
la avenida Baralt hasta la esquina de Pedrera, podemos atestiguar sobre el
comportamiento de la Policía Metropolitana. La misma procedió con
profesionalismo intentando mantener separados a los pistoleros de Llaguno de
quienes marchábamos pacíficamente. El libro Las balas de abril, del excelente
periodista Francisco Olivares, ilustra claramente dónde se cometieron los
asesinatos. En los casos de la Baralt los autores fueron paramilitares rojos y
en los alrededores guardias nacionales plenamente identificados. En ese
entonces se mencionó la presencia de francotiradores desde los edificios
circundantes, lo cual nunca fue comprobado.
El libro El caso Vivas-Forero en el derecho internacional de los
derechos humanos, de Marco Tulio Bruni-Celli, describe la grave violación al
derecho de asilo por parte del gobierno salvadoreño, que entregó a los
ciudadanos citados violando el principio internacional de “no devolución”. Los
gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Argentina se comprometieron a dar
garantías diplomáticas para que hubiese un juicio justo, pero todo fue una
farsa.
Los afectos del oficialismo y los familiares de las víctimas deben
entender que no se hizo justicia. Quienes fueron sentenciados no son los culpables
y los verdaderos asesinos están en libertad. La gran mayoría de los asesinatos
no fueron investigados. Quienes dispararon son culpables y es necesario
identificarlos, pero igualmente quienes convocaron a grupos civiles armados a
¨defender la revolución¨. Afortunadamente hay muchos documentos. A los libros
citados debemos agregar el documental “Radiografía de una mentira”, de Wolfang
Schalk y Thaelman Ungelles, que desmiente la versión oficial recogida en “La
revolución no será televisada”. También está el libro “Verdades, mentiras y
videos”, de Albor Rodríguez.
Los efectivos policiales que permanecen detenidos deberían disfrutar
del beneficio de libertad por haber cumplido la mayor parte de una sentencia
injusta. La sociedad civil está en deuda con ellos, ya que sin su intervención
la masacre pudo ser mayor. También debemos agradecer la actuación del general
Manuel Rosendo, quien se negó a aplicar el llamado Plan Ávila, que contempla
sacar el ejército a la calle para reprimir. Mi reconocimiento a Mohamed Merhi,
cuyo hijo fue asesinado y durante muchos años exigió justicia. A Malvina
Pesate, quien resultó severamente herida, así como a todos los participantes de
esa gran jornada cívica. Los olvidados son no solo los policías, sino también
las víctimas de ambos bandos a quienes no se les ha hecho justicia. Es justo
reconocer que Antonio Ledezma , hoy acusado arbitrariamente de conspiración y
preso en Ramo Verde, fue el primer político que mantuvo una defensa constante
de los presos políticos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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