Miguel Mendez Rodulfo 11 de julio de 2014
En febrero de 2012, el juez Griesa
dictaminó que Argentina no podía discriminar a los tenedores de bonos que no
habían convenido participar en los canjes de 2005 y 2010, ya que se estaba violando la cláusula de "pari
passu" ("los acuerdos de pago deben ser aceptados por todos").
El juez ordenó cancelar la deuda reclamada de US$ 1.330 MM, a los holdouts,
El país austral apeló este fallo exponiendo que había “inequidad
manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la
cláusula de pari passu ya que había que pagarles a los fondos buitre el total
de su reclamo, mientras los bonistas que entraron al canje tuvieron quitas
importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.
Aunque Argentina ha deslizado que
existe una conspiración internacional contra ese país, la verdad es que en la
apelación que hizo contra el fallo de Griesa, contó con el apoyo de la Clearing
House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la
Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país); del Bank of
New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes
y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También
la Reserva Federal de EEUU, pidió a Griesa
que no se afectaran los pagos a bonistas: "La aplicación expansiva de los
mandatos reclamados por el demandante es demasiado amplia y podría tener
consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del
sistema de pagos".
El gobierno de EEUU en un escrito
denominado "amicus curiae", sostuvo que la interpretación de Griesa
de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor frustrar
la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con
ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para
promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda
soberana. Francia también presentó un documento “amigo” del tribunal, en apoyo
a la petición argentina ante la Corte Suprema estadounidense. Exchange
Bondholder Group (EGB), Fintech y Euro Bondholders, que representan los
intereses del 93% de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y
2010 y la Caja de Valores presentaron sendos amicus curiae ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos, con argumentos respecto a la necesidad de que el
máximo tribunal revirtiera la orden de las cortes inferiores.
Como sabemos la Suprema Corte de USA
no admitió el recurso de Argentina ni aun cuando fue apoyado por el gobierno de
Obama y otros amigos. Lo que si llama la atención es la campaña sistemática, a
nivel mundial, de Argentina contra el fallo del juez. El irrespeto a la
separación de los poderes que en lo interno estas neodictaduras aplican en sus
países, intentan replicarla en el ámbito internacional, dejando entrever que el
juez es complaciente, que es parte de una conspiración contra Argentina, que se
arregla con los holdouts. Hay un intento deliberado de influir contra el juez,
pero éste sigue impertérrito en la aplicación de la ley, ahora con más fuerza luego del apoyo a su postura por
parte de la Suprema Corte. Pareciera que Argentina equivoca el camino, ya que
esa estrategia de amedrentamiento, de guerra sucia, funciona adentro pero no tiene ningún efecto
en un país desarrollado, antes por el contrario molesta al juez.
El
pago que Argentina finalmente tendrá que hacer a los holdouts será entre US$ 6 y 8 MM (no los 15 MM que dice kicillof)
y a los bonistas reestructurados entre US$ 40 MM y 50 MM (tampoco los 100 que
menciona el gobierno). Como quiera que sea el pago de estos montos es
negociable y para ello hay muchas opciones que harían que Argentina no
sacrifique sus reservas internacionales, ni caiga en cesación de pagos.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas
11 de julio de 2014
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